Las empresas de inserción de excluidos van ganando terreno

Por Gizatea

el 08-02-2010

Firmas sin ánimo de lucro y el Gobierno trabajan para que los marginados tengan plazas en la contratación pública.

[Pedro GOROSPE] Cada vez más ciudadanos atraviesan casi sin darse cuenta la puertade la exclusión social. Encontrarse de buenas a primeras en la calle,sin trabajo, sin recursos y sin fuerzas después de encadenar empleosprecarios o años sin un puesto de empleo resulta más común de lo queparece.

Jassine Chahir tiene 23 años. Nació en Khouribga(Marruecos) y a los 15 años emigró a Italia con la esperanza detriunfar en el fútbol. Años después llegó a Bilbao, vía Salamanca,después de deambular como vendedor por mercadillos de mediaEspaña. Pese a las dificultades que había atravesado, alguien le hablóde la capital vizcaína y de aprender cocina y rehizo sus planes.Trabajar aquí en Sondika, en el restaurante Izarza me está permitiendo soñar con tener mi propio restaurante algún día”, asegura.

La actual crisis económica está sirviendo para redefinir el perfil de las personas en riesgo de exclusión, y ampliar el mapa de potenciales afectados desde el estereotipo de colectivos como los inmigrantes o las personas de etnia gitana, a los ciudadanos que se han quedado fuera del mercado laboral, o a individuos con problemas de consumo de drogas y alcohol, jóvenes con dificultades de adaptación y mujeres maltratadas, entre otros grupos sociales.

Carmen Martínez (Pontevedra, 1969), delineante de profesión, llegó un día a un piso protegido de Irún, sin recursos económicos, con las heridas mentales y físicas que deja el maltrato, y con tres hijos a los que tenía que seguir educando y alimentando. “Ahora la inserción laboral es satisfactoria. Estoy haciendo ventanas de aluminio en Irún. Hasta seguimos las evoluciones del convenio del Metal en Guipúzcoa”, asegura.

Unas 500 personas que vivían en situaciones de exclusión social se encuentran en la actualidad contratadas en Euskadi por empresas de inserción, unas sociedades mercantiles creadas por asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer al ciudadano en dificultades una segunda oportunidad. Las empresas les contratan durante un ciclo de tres años y les enseñan una profesión hasta que se hallan listos para reinsertarse elaboralmente. Incluso tutelan el proceso de contratación posterior al acompañarles en la búsqueda de su primer trabajo fuera de esas empresas de inserción. En apenas seis años, el medio centenar de pymes que se dedican a esta labor han logrado recolocar en el mercado laboral a 1.125 personas que habían sido expulsadas del sistema.

El Gobierno considera que ahora ha llegado el momento de dar el salto. Ejecutivo y empresas están trabajando en la aplicación de un acuerdo de 2008 que obliga a aplicar una serie de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública cuya principal consecuencia es que habrá plazas reservadas para personas en situación o riesgo de exclusión social.

“Es la oportunidad para crecer”, asegura Carlos Askunze, coordinador de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, Gizatea, que agrupa a un total de 42 de las 48 firmas de este tipo certificadas por el Ejecutivo autónomo. “Entre todos hemos convertido el sector en una realidad como para ser considerada, y ahora hay que luchar para que además del Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos incluyan cláusulas sociales en sus contrataciones”, apostilla.

Este sector de las segundas oportunidades factura ya más de 14 millones de euros, según los datos de 2008, y sus principales actores coinciden en un hecho: “Estamos ante una buena oportunidad” para iniciar el despegue hacia volúmenes de contratación y facturación mayores.

Las empresas de inserción se reparten por casi todos los sectores. El restaurante vizcaíno Izarza es una de ellas. Su gerente, Francisco Piedra, explica: “Cuando Jassine termine su ciclo formativo, podrá trabajar de oficial de cocina en cualquier restaurante”. Piedra detalla que en los empleados de inserción tienen una doble responsabilidad: “No sólo trabajan y cobran. Lo fundamental es que tienen que aprender y cumplir objetivos, también personales. El restaurante es una buena escuela” El Izarza dispone de la Q de calidad.

Jassine habla árabe, francés, e italiano. “Ahora sé que la formación y la educación son las claves para rehacer tu vida, y para empezar a pensar en responsabilidades”, asegura. Las empresas de inserción están reguladas por ley. En la actualidad, cerca del 60% de sus plantillas las forman ciudadanos en riesgo de exclusión. El Gobierno ha presupuestado para este cometido en 2010 un total de 11 millones de euros, ya que cada puesto está subvencionado con 12.300 euros anuales. Es la subvención más alta que ofrece cualquier comunidad autónoma, y, en consecuencia, el sector vasco es el más desarrollado de España. Frente a los 500 empleados de este tipo existentes en Euskadi, Castilla y León se queda en 175, Aragón en 156 y Madrid, sólo 63.

En Vizcaya cuentan además con el apoyo de la fundación BBK Solidaria, que en 2009 financió a las empresas de inserción con 10,6 millones de euros. “Estas empresas son el ejemplo más claro del modelo que quiere impulsar el Gobierno”, explica el responsable de Inclusión Social de Asuntos Sociales, Pedro Sánchez.

Rentabilidad

Las empresas de inserción social tienen una rentabilidad social incuestionable, se afirma desde el Gobierno. “Y rentabilidad económica”, completan responsables de Gizatea, la asociación que las agrupa en la comunidad autónoma. Un informe encargado por la entidad demuestra que cada puesto de inserción no sólo logra la devolución de las ayudas, sino que además genera beneficios económicos y un ahorro público.

Sobre una ayuda de 12.500 euros anuales por puesto de trabajo, a la que habría que sumar otros 3.700 euros por otros conceptos (es decir, 16.200 anuales totales) sólo en impuestos se devuelve lo siguiente: un 32% de la ayuda por término medio en Seguridad Social, es decir, unos 4.000 euros; otros 800 por contingencias comunes, y el IVA asociado a la facturación se queda por término medio en los 4.353 euros. La suma total de las devoluciones es de 9.153 euros. Restando del coste total de los 16.200 euros los 9.153 que se devuelven, el coste neto se queda en 7.047 euros.

Esta misma persona en la asistencia social tendría derecho a más de 12.000 euros anuales, luego el ahorro público para el que trabaja con respecto al que no lo hace se acerca a los 5.000 euros.

Del “rock radikal” a los jardines

Un músico clave en la Euskadi de los ochenta es ahora instructor de jardinería. Oki encabeza una cuadrilla de una empresa de inserción de Vitoria.

Era una pieza indiscutible en la movida musical de los ochenta. Tocaba el saxo y los teclados y había recibido una formación musical de relieve después de recibir clase del maestro Carmelo Bernaola, ex director del Conservatorio de Vitoria. Pero su pasión estaba en el rocknroll. Colaboró con grupos como La Polla Récords, Hertzainak, Kortatu y Potato, entre otros, que triunfaban en esos años en los escenarios vascos y del resto de España.

Sin embargo, en los noventa aquella música dejó de sonar. La crisis que duró hasta el 95 redujo los bolos musicales al mínimo y Javier Olloki, (Vitoria, 1955) se dio cuenta de que ya no podía pagar ni el alquiler del piso en el que vivía. Se hallaba en la más absoluta ruina. Algo impensable cuando daba clases de música en su barrio, o cuando impartió las primeras nociones de teclado al líder de La Polla Récords, Evaristo. Ni siquiera podía imaginar que habiendo vivivido en el corazón de aquella movida que se conoció como el rock radikal vasco iba a acabar frente a una asistenta social pidiendo ayuda. “Estaba con los de Hertzainak cuando llegó una carta de unos chicos que decían que se llamaban Kortatu y que habían grabado una maqueta; nos pedían que la escucháramos”, recuerda.

A los 39 años, Javier Olloki, conocido por todo el mundillo musical como Oki, no había cotizado ni un solo día a la Seguridad Social y en su bolsillo no había ni telarañas. El Ayuntamiento de Vitoria le preparó la documentación para que empezase a cobrar la Renta Básica, y a través del Inem comenzó a hacer algunos cursos. “Hice alguno de jardinería, y me gustó, me gustaba estar al aire libre. No quería ni oír hablar de la chapa y la pintura”, relata. Así, hasta que un día le preguntó a la asistente social si en lugar de hacer cursillos le autorizarían a estudiar Magisterio. La jardinería y el Magisterio cambiaron entonces de verdad su vida.

La gerente de la empresa Garbinguru, la pedagoga Ana Isabel Pérez Bengoa, explica que el caso de Oki resulta un modelo claro de integración laboral. Ahora es el encargado de la formación de la empresa, enseña jardinería a los acogidos en el albergue de transeúntes del Ayuntamiento de Vitoria y les dirige para mantener el entorno y los jardines de esas instalaciones.

Además, ayuda a los drogadictos acogidos al Proyecto Hombre, ofreciéndoles nociones de jardinería en su terapia de rehabilitación. Y dirige una cuadrilla de jardineros cuando hacen trabajos para otras empresas.

Garbinguru emplea a ocho personas en inserción y su división de jardinería ha trabajado para otras empresas, la Diputación alavesa, el Ayuntamiento de Vitoria y consistorios como el de Elciego, donde lleva varios meses limpiando la ribera del Ebro.

“Bienvenido sea el cambio” apunta Oki, reconociendo que su vida ha dado un giro de 180 grados. “Hay algo que no ha cambiado, y es que sigo sin pagar una hipoteca; eso no va a suceder”, recalca con un gesto de rebeldía. Sin embargo, pudo rehacer su vida, encontró pareja y, una cosa lleva a la otra, a los 50 años fue padre por primera vez. Ahora tiene dos hijos de cuatro y dos años y disfruta estudiando los ciclos de las plantas aromáticas o la floración de ciertas especies.

Este tipo de empresas tienen también numerosas servidumbres derivadas del apoyo público que reciben, como la imposibilidad de generar beneficios, ya que dependen de asociaciones sin ánimo de lucro. Los beneficios se reinvierten en nuevas sociedades. Además, están atadas a un código ético en el que se comprometen a luchar por la responsabilidad social y la formación, por la participación y la renuncia al lucro económico. Un marco de actuación en el que cobran especial relevancia batallas como la igualdad de oportunidades y de sexo.

“El caso de Olloki, de Carmen o de Jassine suponen la punta del iceberg de un sector que por justicia social tiene que crecer”, asegura Pedro Sánchez.

Enlaces

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/empresas/insercion/excluidos/van/ganando/terreno/elpepuespvas/20100208elpvas_4/Tes