Contratos reservados para la creación de empleo inclusivo: el papel del sector público

Si bien hoy en día existe un debate sobre la función del empleo en el futuro, que podría resumirse en la idea de que el empleo no siempre garantiza la inclusión social (existen cada vez más personas con empleo en situación de precariedad y el acceso al empleo es cada vez menos universal), un empleo decente continúa siendo una buena herramienta para una estrategia inclusiva y juega un papel central en los procesos de cohesión social.

Sin embargo y, a pesar de una legislación cada vez más favorable a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos, las oportunidades de empleo generadas por el sector público para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de este mecanismo resultan aún insuficientes.

La contratación pública de bienes o servicios desempeña un papel de suma importancia en la economía, dedicando al efecto el conjunto de administraciones públicas en torno al 15% del PIB, por lo que cada vez que un ente público adjudica un contrato esté produciendo un considerable impacto en el mercado y el entorno.

La actual legislación de contratos ha reconocido de manera expresa e inequívoca la posibilidad de utilizar la contratación pública para la consecución de objetivos sociales. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su Disposición Adicional 4ª trata sobre los contratos reservados, permitiendo a cualquier administración pública “reservar la participación” en una licitación exclusivamente a Empresas de
Inserción y a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Es decir, que solamente pueden presentarse y ser admitidas dichas tipologías de empresas, reconociendo así sus especiales características, su carácter reglado y su beneficio social demostrado e incontestable. La Disposición Adicional 4ª va más allá y obliga a las administraciones públicas a fijar porcentajes mínimos de reserva.

La Ley 9/2017 permite también la reserva de lotes de contratos a estas dos tipologías de empresas, novedad ésta muy interesante y que abre un sinfín de posibilidades en la aplicación práctica de los contratos reservados.

Si bien tal y como se ha señalado al inicio, aún falta mucho camino por recorrer para que las administraciones públicas desplieguen todo el potencial de creación de empleo inclusivo para personas en situación o riesgo de exclusión social que poseen los contratos públicos, desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 en marzo de 2018, administraciones públicas vascas de todos los niveles han dado importantes pasos en el cumplimiento de la Disposición Adicional 4ª y en el desarrollo de los contratos reservados a empresas de inserción. Destacamos aquí algunas:

• El Gobierno Vasco aprobó el 13 de marzo de 2018 un porcentaje de reserva de un 5% para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Cada órgano de contratación del sector público vasco debe tramitar como contratos reservados al menos el 5% de los importes base de licitación de las categorías económicas recogidas en el anexo VI de la LCSP, entre las que se encuentran servicios como limpieza, transporte, trabajos forestales, hostelería, imprenta, almacenamiento, trabajos administrativos, gestión y trabajos auxiliares, correo y publicidad, mantenimiento y reparación, etc.

• La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó el 15 de mayo de 2018 un porcentaje de reserva de un 4% para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, siendo susceptible de reserva cualquier objeto contractual, sector de actividad y procedimiento de adjudicación.

• El Ayuntamiento de Bilbao aprobó el 25 de septiembre de 2019 una Instrucción de Contratación Pública Responsable en la que se incluye un compromiso de gasto anual de 600.000 € a través de contratos reservados para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.

• Los Ayuntamientos de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil (comarca de Beterri-Buruntza, Gipuzkoa) firmaron en enero de 2020 un convenio de colaboración para la contratación conjunta de determinados servicios a través de contratos reservados a empresas de inserción.

Además de estas administraciones, otras han aplicado contratos reservados desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de los que han sido adjudicatarias empresas de inserción, independientemente de que hayan establecido para ello o no un acuerdo o porcentaje de reserva. Entre estas cabe destacar:

Los contratos reservados realizados por estas administraciones e instituciones públicas y de los que han sido beneficiarias empresas de inserción asociadas a Gizatea, han experimentado un notable incremento desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En términos de facturación anual procedente de contratos reservados, el porcentaje de incremento en 2018 con respecto a 2017 fue de un 86,39% y en 2019 respecto a 2018 de un 43,22%. La previsión para 2020 es que el
porcentaje de incremento sea de al menos un 96,5% respecto a 2019.

Estos datos nos muestran que, aunque queda mucho camino por recorrer, numerosas administraciones vascas están en la buena dirección, aprovechando el instrumento de la contratación pública para impulsar las empresas de inserción como política activa de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión, con coste cero para la administración. Estrategia que cobra especial importancia en un contexto de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y de previsible crisis económica y de empleo derivadas del estado de emergencia, crisis, que una vez más, va a tener un impacto mayor sobre las personas más vulnerables, que son aquellas con las que trabajan las empresas de inserción.

En este contexto es fundamental por tanto continuar impulsando la colaboración público-social y la coherencia de políticas públicas que suponen la contratación pública responsable y los contratos reservados. Desde Gizatea, animamos al conjunto de administraciones públicas vascas a sumarse si aún no lo han hecho y nos ponemos a su disposición para colaborar en todo aquello que consideren oportuno y necesario.

Autora: Leire Álvarez de Eulate, Memoria Social 2019 (Gizatea)