el 19-04-2010
Artículo de Alfonso López, Presidente de Gizatea, para el Boletín Gizarteratuz nº 3.
Las empresas de inserción están reguladas a nivel estatal por la Ley 44/2007 y en el País Vasco por el Decreto 182/2008 (que reformula el publicado en el 2000). Ambas legislaciones reconocen la situación de exclusión que padecen determinadas personas y proponen las empresas de inserción como uno de los instrumentos adecuados para facilitarles un proceso que tiene como objetivo la inserción laboral en el mercado ordinario.
Esa es por tanto su misión fundamental, además de cumplir con los objetivos empresariales en el sector de actividad específico en el que operen. De ahí que señalemos que las empresas de inserción tienen un doble objeto social: por un lado la inclusión socio-laboral de personas en situación de exclusión; por otro lado la actividad propia en el sector que cada empresa se encuadre. Así mismo, las empresas de inserción tienen que estar participadas al menos en un 51% por entidades promotoras de iniciativa social especializadas en el ámbito de la inclusión socio-laboral. Para cumplir su principal objetivo ofrecen a las personas un contrato de trabajo (entre seis y 36 meses de duración), al amparo del convenio colectivo propio del sector en el que se encuadre la empresa, además de un acompañamiento personalizado (que incluye actuaciones de apoyo, seguimiento y formación) realizado por personal especializado que facilita la adquisición de hábitos sociales y laborales necesarios para la inclusión en el mercado laboral.
Para que una persona acceda a una empresa de inserción, el requisito exigido en Euskadi es tener un Convenio de Inserción firmado con los servicios sociales de base correspondientes. Estas personas son fundamentalmente, en la actualidad, perceptoras de la renta de garantía de ingresos.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco contamos con un tejido importante de empresas de inserción. Son cerca de 50 (con diferentes figuras jurídicas: sociedades limitadas, sociedades laborales, sociedades cooperativas) que emplean a más de 500 personas, de las que más del 60% son personas en situación de exclusión social.
El importante desarrollo de estas empresas y la actual riqueza del sector se debe, por una parte, a una política social pionera y progresista desde hace ya varios años. Una política que fue la primera en la implantación de ingresos o rentas mínimas, y pionera en la regulación y en el apoyo (con ayudas considerables) a las empresas de inserción, todo ello con el objeto de favorecer la cohesión social y la protección de las personas más vulnerables. Además, tiene que ver con una iniciativa social comprometida con la lucha contra la exclusión social, el fomento de la cohesión social y la atención a personas desfavorecidas, que viene interviniendo en los diferentes instrumentos de inclusión y, muy especialmente, en la promoción, implementación y gestión de las empresas de inserción.
Fuente: Boletín Gizarteratuz nº 3 (SIIS)