el 12-05-2011
Presidencia remite a las consejerías un listado de cerca de 150 compañías y centros protegidos para los que pide prioridad.
[J. L. G.] La Presidencia del Gobierno vasco ha recordado a los diferentes departamentos que lo componen el compromiso que tienen en materia de inserción sociolaboral y les ha instado a que siempre que necesiten externalizar servicios los contraten, «en la medida de lo posible», con empresas de inserción sociolaboral, centros especiales de empleo o dentro del marco de programas de empleo social. Para facilitar este objetivo, ha elaborado un listado de cerca de 150 empresas a las que deben adjudicarse estos contratos, «menores y negociados», y con el preceptivo visto bueno de la viceconsejería de la Función Pública.
La recomendación del gabinete de Patxi López tiene su origen en un acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Ibarretxe en 2008, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas en la contratación de la Administración Pública.
En una comunicación con fecha del pasado 4 de mayo, la directora de Servicios y Régimen Jurídico de la Lehendakaritza, María Victoria Portugal, se pide a los responsables de las consejerías, además, que le remitan en los próximos días los pormenores de este tipo de contrataciones efectuadas en 2010 con el fin de realizar la reserva económica pertinente para el año que viene en el proyecto de Presupuestos.
En la relación de empresas remitida por la dirección de servicios a los diferentes departamentos figuran casi un centenar de empresas de empleo protegido con una cifra de en torno a 8.000 trabajadores, además de un directorio con otras 47 compañías encuadradas en 14 sectores, entre los que destacan los de hostelería, limpieza y medio ambiente.
Objetivo de Lanbide
La protección de los centros especiales de empleo y la ocupación de las personas discapacitadas es uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Empleo del Gobierno vasco para este año, que ha tenido su reflejo en las disposiciones adoptadas en el consejo de administración de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que ha aprobado destinar este ejercicio 37 millones euros a tal fin.
El grueso de esta cifra, 33 millones, irá dirigido a la financiación de nuevos proyectos que generen la contratación de personas con discapacidad, así como a ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales.
En la comunidad autónoma vasca, según una información facilitada por la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, al Parlamento vasco, hay 63.000 personas discapacitadas físicas y mentales en edad de trabajar, en gran parte mayores de 50 años, de las que están ocupadas unas 19.000. Estas cifras sitúan su coeficiente de ocupación en el 34,7%, que está por debajo de la mitad del 71% de la población sin discapacidad. El desempleo en este segmento laboral asciende a 2.200 personas, el 10,3% de la población activa con discapacidad.
Fuente: elcorreo.com